El pasado mes de abril saltaron las alarmas sobre la grave crisis energética en la franja de Gaza;
a la reducida operatividad de la única central eléctrica, seriamente
dañada por bombardeos israelíes, se sumaba el corte de suministro de
fuel para el funcionamiento de generadores eléctricos.
Dos meses después y tras diez años de bloqueo la condiciones de vida
de la población gazatí raya la supervivencia. Todos los servicios
básicos se han deteriorado gravemente, en especial los de salud,
abastecimiento de agua y saneamiento; se calcula que diariamente se
vierten al mar unos 110 millones de litros de aguas residuales sin apenas ser tratadas.
Un ciclo: el agua del mar debe ser desalinizada para abastecer de
agua potable a los habitantes, para ello se necesita electricidad; el
agua contamina los peces que sirven de alimento y sustento de muchas
familias en la franja. Una población asediada por el bloqueo que en el
mar y la playa tiene uno de los pocos respiros, ha sido advertida por
las autoridades de que corre el riesgo de enfermar por la contaminación
del agua.
De nuevo se alzan voces llamando la atención del mundo entero, sin
que parezca surtir efecto, sobre la insostenible situación de los dos
millones de seres humanos que sobreviven en Gaza, desde el Centro
Palestino de Derechos Humanos (PCHR), que ha emitido un comunicado, al relator especial de la ONU, Michael Lynk.
Debido a la ocupación de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina
debe pagar a Israel los impuestos sobre el combustible, a lo que se negó
en el pasado mes de abril, ahora ocurre lo mismo con el suministro de
agua potable; siendo los habitantes de Gaza los perjudicados por ello.
En algunas zonas de Gaza los cortes de agua han superado los cuatro
días.
En su comunicado el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) hace
hincapié en que la Franja de Gaza sigue siendo un territorio ocupado,
por lo que las autoridades israelíes tienen responsabilidades hacia ella
y sus habitantes. Por ello “hace un llamamiento a las autoridades
israelíes para que cumplan sus obligaciones con respecto a la población
de la Franja de Gaza, como potencia ocupante, de conformidad con el
derecho internacional humanitario, y garantizar el acceso de los civiles
a los servicios básicos necesarios, la planta de electricidad en Gaza”.
PCHR también “exhorta a las partes que administran el sector
eléctrico en Gaza y Ramala a que resuelvan inmediatamente esta crisis
para evitar que la Franja de Gaza se deteriore más. El PCHR advierte
asimismo de las graves consecuencias de la crisis, que afecta a todos
los sectores vitales, incluidos los servicios básicos, que necesitan los
2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, como el
abastecimiento de agua, el desmantelamiento de los centros sanitarios,
fallo de las depuradoras y del sector educativo”.
